Esta nota ha sido traducido por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
La Cámara de Representantes de Michigan votó el martes para impedir que los gobiernos locales reciban asignaciones de fondos estatales si no cumplen plenamente con las leyes de inmigración.
La resolución respaldada por los republicanos también requeriría que los gobiernos locales proporcionen a la Cámara detalles sobre sus políticas de aplicación de la ley de inmigración para cualquier proyecto de ley de gasto que les proporcione fondos especiales para que se someta a votación.
El presidente de la Cámara de Representantes, Matt Hall (republicano de Richland Twp), dijo que se trata de evitar que las áreas se conviertan en un “santuario” para la aplicación de la ley de inmigración.
"Lo que estoy tratando de hacer aquí es asegurarme de que estas jurisdicciones que están considerando estas políticas entiendan que si se convierten en una jurisdicción santuario, no van a tener proyectos de beneficencia", dijo Hall en un discurso el martes defendiendo la resolución.
Pero tanto los demócratas como los grupos de defensa están haciendo sonar las alarmas sobre el cambio de política.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Ranjeev Puri (D-Canton), dijo a los periodistas que creía que la política en sí no estaba clara.
“Estamos en un terreno un poco hipotético. No sé qué significará esta resolución”, dijo Puri. “Hay tanta vaguedad en ella. No sabemos a quién se aplicará, qué criterios se deben cumplir, qué financiación está en riesgo”.
Durante una audiencia sobre la resolución ante el Comité de Operaciones Gubernamentales de la Cámara el martes, los grupos ridiculizaron el cambio por crear una cultura de miedo y evitar que las comunidades sirvan mejor a sus residentes.
En su testimonio escrito ante el comité, la ACLU de Michigan criticó la redacción de la resolución que no especifica exactamente quién revisaría la información presentada a la Cámara.
Liz Balck, estratega de políticas de la ACLU para el oeste de Michigan, dijo que la resolución podría exponer al estado a acciones legales.
“No se dan otras instrucciones. Es de suponer que los legisladores estatales revisarán los documentos una vez que hayan llegado a la Cámara. Pero sin la educación y la formación adecuadas en esta compleja área del derecho, ¿cómo decidirán los funcionarios no relacionados con la inmigración qué se considera o no “subvertir la aplicación de las leyes de inmigración” o si una política se ha negado “a cumplir con las medidas federales de aplicación de las leyes de inmigración”?”, se lee en el testimonio escrito de Balck.
Pero los republicanos dicen que se están ultimando los detalles.
En cuanto a las preocupaciones sobre un impacto de amplio alcance, el representante Mike Harris (R-Waterford), un ex agente de la ley, dijo que los requisitos para cumplir con la ley federal de inmigración son relativamente sencillos.
“Por mi experiencia personal con las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y demás, está muy claro para qué sirven las órdenes de detención del ICE. Esto no es algo nuevo para las comunidades ni para las agencias de aplicación de la ley. Saben cómo funcionan en cuanto a la forma en que está redactada la resolución”, dijo Harris a los periodistas.
No es necesaria ninguna acción legislativa adicional para que la resolución entre en vigor.