Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.
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Los tribunales de Michigan podrían continuar requiriendo que los acusados declarados culpables de un delito paguen ciertos costos judiciales asociados con su juicio durante otro año y medio.
Ese mecanismo de financiación para los tribunales locales estaba a punto de expirar y es objeto de un desafío judicial que argumenta que es injusto e inequitativo, pero la gobernadora firmó recientemente una extensión de la política.
La Liga Municipal de Michigan apoyó la ley durante el proceso del comité. .
La asociada legislativa Herasanna Richards dijo que a su grupo le gustaría ver una fuente de financiación más permanente, aunque el tema es complicado.
“Nuestro sistema de financiación está un poco desarticulado. En lugar de tener un modelo centralizado en el que el estado agregaría todos los fondos, los distribuiría según sea necesario en diferentes áreas del estado en función de las necesidades operativas que tengan, muchos de los tribunales de distrito son responsables de financiarlos por su cuenta”, dijo Richards.
Al extender la disposición de extinción en la política otros 18 meses, Richards dijo que los formuladores de políticas tendrán más tiempo para encontrar una solución. Ella dijo que espera que eso implique una reestructuración de la participación en los ingresos, una sistema en el que una unidad del gobierno comparte parte de sus ingresos fiscales con otras unidades.
“La seguridad pública es probablemente el aspecto más importante del gobierno local que ha tenido problemas debido a los recortes en el reparto de ingresos”, dijo Richards. “Donde compensamos esas inversiones tiene que suceder en otro lugar. Y entonces podemos correlacionar directamente con la forma en que históricamente y en el [pasado] reciente se ha financiado el gobierno local, y cómo nos coloca en una posición en la que tenemos que tomar decisiones realmente difíciles, aprovechando diferentes oportunidades de financiamiento y esas son las cosas que estamos tratando de corregir”.
El análisis de la Agencia Fiscal de la Cámara sugiere que el sistema actual proporciona decenas de millones de dólares cada año para los tribunales locales. Y otras organizaciones que apoyaron HB 5956 durante el proceso del comité también lo vieron como otro paso temporal.
“El Colegio de Abogados del Estado de Michigan apoyó la HB 5956 como medida provisional durante los próximos 18 meses para dar tiempo al estado a desarrollar una solución de financiamiento viable a largo plazo, según lo recomendado por la Comisión de Financiamiento del Tribunal de Primera Instancia, que señaló: 'La Legislatura debería extender el estatuto que permite la imposición de multas y costos en casos penales hasta que el estado actúe para reemplazar estos ingresos generados por el tribunal con el apoyo del fondo general del estado'", dijo el Colegio de Abogados de Michigan en una declaración escrita.
Pero no todos están contentos con dejar que la política continúe.
La abogada Ángeles Meneses, de la Oficina del Defensor de Apelaciones del Estado, impugna la constitucionalidad de la ley en los tribunales.
Ella dijo que responsabilizar a los tribunales por recaudar su propio dinero presenta un problema de separación de poderes y evita que los acusados reciban un juicio justo.
“No solo los acusados penales están soportando estos costos, sino también los acusados penales indigentes, por lo que los costos de mantener la corte en funcionamiento, los costos de pagar los salarios de las personas, cosas que las personas no pueden permitirse, están siendo cargados en sus espaldas”, dijo Meneses.
En su opinión, el trabajo de la Legislatura es asegurarse de que todas las ramas del gobierno estatal, incluido el poder judicial, tengan dinero para funcionar.
Otra parte de la ecuación se reduce a los efectos de tener que pagar esas multas, que Meneses dijo que a veces pueden superar los mil dólares, en personas que enfrentan una serie de obstáculos después de cumplir sus sentencias.
“Si alguien está saliendo de prisión y está reingresando a la sociedad, es la obligación financiera la que se cierne sobre ellos y hace que sea mucho más difícil volver a ingresar a la sociedad y prepararse para el éxito porque tiene estas costosas obligaciones financieras”, dijo.
La Corte Suprema de Michigan acordó tomar el caso que argumenta Meneses.