Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.
This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
Una decisión reciente de la Michigan Court of Claims está permitiendo que avance un caso que podría cambiar el acceso que tienen los inmigrantes indocumentados a los beneficios de compensación para trabajadores.
El noviembre pasado, el Michigan Immigrant Rights Center desafió una política estatal que dice que los empleadores y las compañías de seguros no son responsables de brindar cobertura de compensación para trabajadores a personas indocumentadas lesionadas en el trabajo.
El estado de Michigan respondió presentando una moción para desestimar la demanda. Pero el 28 de abril, el tribunal decidió denegar la moción y permitió que el caso continuara.
La demanda fue presentada por el Sugar Law Center y la organización de defensa legal sin fines de lucro Public Justice en nombre del grupo de derechos de los inmigrantes. Diana Marin, abogada del Michigan Immigrant Rights Center, firmó la denuncia por el grupo.
“Tenemos la oportunidad de presentar un argumento ante el tribunal: por qué esta interpretación y lo que la agencia de compensación para trabajadores y Michigan han estado haciendo es incorrecto y debe revertirse y corregirse", dijo ella.
La demanda impugna la decisión de 2003 de la Michigan Court of Appeals en Sanchez v. Eagle Alloy, que establece que los empleados no están obligados a pagar los beneficios de compensación para trabajadores cuando el empleado no puede conseguir trabajo debido a que está encarcelado o comete un delito. El caso involucró a dos trabajadores indocumentados que usaron números de seguro social falsos para obtener empleo. En 2003, el tribunal argumentó que los trabajadores no eran elegibles para recibir beneficios porque cometieron un delito al usar números de seguridad social falsos para obtener empleo.
Marin dice que la ley federal no tipifica como delito que un trabajador indocumentado trabaje sin autorización.
"Cuando los trabajadores indocumentados están protegidos, todos nos beneficiamos. Garantizar que las personas indocumentadas reciban su salario cuando se lesionan crearía un lugar de trabajo digno, justo y saludable para todos" dijo ella.
El estado tiene 30 días para apelar la decisión del tribunal.
