Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.
This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
La Corte Suprema de Michigan decidirá si los cambios realizados en la ley estatal de seguros de automóviles en 2019 son constitucionales. Pero, en una orden emitida el jueves, el tribunal dijo que las compañías de seguros deben continuar pagando los niveles de beneficios anteriores a 2019 hasta que se decida el caso.
La ley revirtió los reembolsos por atención domiciliaria y clínicas de rehabilitación. Los proveedores dicen que esos recortes los estaban sacando del negocio y dejando a los pacientes sin la atención que necesitan. La pregunta constitucional es si las aseguradoras pueden reducir esos pagos después de que las personas pagaron por la cobertura.
El abogado Mark Granzato dijo que la ley de 2019 viola la cláusula de contratos de la Constitución de Michigan.
“Y la cláusula de los contratos dice, básicamente que un derecho adquirido que existe en el contrato no puede ser alterado por una acción legislativa, y ese fue nuestro principal reclamo constitucional en este caso”, dijo a la Michigan Public Radio.
“Este no es un caso común”, dijo. “Este es un asunto legal increíblemente importante que afecta a miles y miles de personas en Michigan.”
El Michigan Court of Appeals dictaminó el mes pasado que las reducciones de pago no pueden imponerse retroactivamente a las personas lesionadas antes de que se promulgara la ley de 2019 sin violar la constitución estatal.
Erin McDonough, de Insurance Alliance of Michigan, dijo que la orden de la Corte Suprema dañará los esfuerzos para reducir el alto costo del seguro de automóviles.
“Tanto antes como después de las reformas de 2019, las aseguradoras siguen siendo responsables de pagar la atención razonable y médicamente necesaria para estos heridos en accidentes automovilísticos en Michigan”, dijo. “El problema no se trata del acceso a la atención, sino de los proveedores médicos que exigen un nivel de compensación sin control”.
La ley fue impugnada por familias, proveedores de atención médica domiciliaria y clínicas de lesiones cerebrales.
La Corte Suprema del estado programó la audiencia de argumentos orales en marzo del próximo año.