Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
La senadora Stephanie Chang (D-Detroit) preside el Comité de Derechos Civiles, Poder Judicial y Seguridad Pública del Senado de Michigan. Ella es parte de un panel conjunto de la Cámara y el Senado que desarrolla nuevos estándares para tratar con jóvenes condenados por cometer delitos.
Un par de comités de la Cámara y el Senado celebraron su primera audiencia conjunta el martes en el Capitolio estatal sobre un amplio paquete de proyectos de ley para reformar el sistema de justicia juvenil de Michigan.
Los legisladores están trabajando en base a las recomendaciones hechas por un grupo de trabajo nombrado por la gobernadora Gretchen Whitmer en 2021.
La senadora demócrata Stephanie Chang preside el Comité Senatorial de Derechos Civiles, Poder Judicial y Seguridad Pública. Dijo que un objetivo es identificar delincuentes no violentos y de bajo riesgo para un seguimiento que los mantenga fuera de los centros de detención juvenil.
“Para que sepamos que cada persona que ingresa al sistema de justicia juvenil recibe servicios efectivos que los encaminarán hacia el éxito”, dijo a la Michigan Public Radio.
Los comités enfrentan muchos desafíos y complejidades para cumplir su misión.
El representante Graham Filler (R-St. Johns) es el vicepresidente minoritario del Comité de Justicia Penal de la Cámara de Representantes. Dijo que la pregunta es dónde trazar la línea para equilibrar la seguridad pública y la rehabilitación de delincuentes jóvenes.
"¿Cómo evaluamos adecuadamente a esas personas para no enviar a todos a internados, que es lo realmente difícil", dijo, "y dónde podemos desviar a algunos que necesitan ser desviados, que tal vez tengan traumas o provengan de bajos recursos?" vecindarios de ingresos bajos, y eso es lo que estamos sopesando”.
El grupo también está buscando la mejor manera de reembolsar a los gobiernos locales los costos de la justicia juvenil y crear un sistema que no utilice las cárceles del condado para albergar a niños que necesitan servicios de salud mental.