Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
Los hospitales no pueden reclamar inmunidad generalizada frente a demandas por negligencia por reclamaciones que ocurrieron durante los primeros y caóticos días de la crisis del COVID-19, según una opinión que sienta precedente publicada el martes por el Tribunal de Apelaciones de Michigan.
El período de abril a julio de 2020 fue tan turbulento que la Legislatura aprobó una ley que otorgaba una inmunidad inusual y temporal a los profesionales de la salud. La ley establecía un estándar estricto que sólo excluía los actos de «mala conducta deliberada, negligencia grave, mala conducta criminal intencional y deliberada, o daño intencional por parte del profesional o centro de salud».
En este caso, el Hospital Beaumont en Troy, que ahora es parte de Corewell Health, argumentó que la inmunidad debería extenderse más allá de los casos de COVID porque el caos era sistémico.
La demanda fue presentada por la familia de Shirley Jokinen, de 88 años, quien recibió tratamiento por lesiones y afecciones no relacionadas con la COVID-19. Según documentos judiciales, falleció el 14 de mayo de 2020, y la causa de su muerte fue sepsis debido a una úlcera infectada y una cardiopatía.
Beaumont ganó en el Tribunal de Circuito del Condado de Oakland. Sin embargo, los tres jueces del panel de apelaciones consideraron que esa interpretación de las protecciones de la ley para los proveedores era demasiado amplia y, en una decisión unánime, revocaron la decisión del tribunal inferior.
“Reconocieron que este paciente no estaba allí por COVID, por lo que la inmunidad contra la COVID realmente no debería aplicarse y dictaminaron de esa manera”, dijo Kevin Oliver, abogado de la familia de Jokinen.
“La inmunidad no se aplica cuando el paciente no tuvo COVID ni recibió tratamiento para COVID”, dijo a Michigan Public Radio.
Corewell no hizo comentarios sobre la decisión, que podría ser apelada ante la Corte Suprema de Michigan. Se trata de uno de varios casos que se tramita en los tribunales para resolver cuestiones relacionadas con la exposición legal de los profesionales de la salud a los eventos ocurridos durante la crisis de la COVID-19.
