Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
En julio se planea lanzar una campaña electoral para pedir a los votantes que prohíban las donaciones políticas de comités afiliados a monopolios de servicios públicos y de empresas con importantes contratos estatales.
Una coalición de organizaciones progresistas impulsa la campaña a favor de una ley impulsada por los votantes para frenar la influencia de las empresas de servicios públicos y de seguros con dominio del mercado, así como de los contratistas que realizan más de 250.000 dólares anuales en negocios con el estado, entre los que aparentemente se incluye Blue Cross Blue Shield de Michigan, un prolífico donante político.
“Esto no es solo un ajuste más a la política”, dijo Sean McBrearty, director de Acción por el Agua Limpia en Michigan, uno de los grupos que respalda la propuesta. “Es un límite. Queremos evitar que las corporaciones compren nuestra democracia”.
La campaña Michiganders for Money Out of Politics dijo que Consumers Energy y DTE Energy, en particular, han usado su influencia para defenderse de los esfuerzos por otorgar mayores compensaciones a los clientes por las pérdidas de energía.
“Una de las principales razones por las que no vemos progreso en Lansing es porque hay demasiados políticos comprados y pagados”, dijo Ken Whittaker, de Michigan United. “Simplemente no existe la voluntad política para solucionar este problema, pero es intencional. No somos nuevos en esto”.
La campaña necesita recolectar casi 357,000 firmas de votantes registrados para participar en las elecciones de 2026. Los líderes indicaron que la recolección de firmas será totalmente voluntaria, sin necesidad de circularistas pagados por firma. Indicaron que el texto específico se revelará cuando se acerque la fecha de aprobación de la Junta Estatal de Escrutinios de Michigan.
Pero afirmaron que será muy similar a una legislación que ya se encuentra estancada en la Legislatura.
La campaña afirmó que la influencia de las empresas de servicios públicos ha frenado reformas que mejorarían el servicio y harían las tarifas más asequibles.
Portavoces de dos grandes empresas de servicios públicos de Michigan afirmaron que sus compañías se comportan con ética. Indicaron que las decisiones sobre donaciones las toman de forma independiente comités de acción política dirigidos por empleados y accionistas.
Consumers Energy y DTE Energy afirmaron en sus declaraciones que tanto ellas como sus comités de acción política corporativos cumplen estrictamente con las leyes vigentes de financiación de campañas. El portavoz de DTE, Ryan Lowry, señaló que la empresa acordó divulgar públicamente todas las donaciones políticas de 5.000 dólares o más como parte de un acuerdo de conciliación tarifaria de 2023 con la Comisión de Servicio Público de Michigan.
“Estas divulgaciones demuestran el compromiso de DTE con nuestros clientes y las comunidades a las que servimos, lo que nos ayuda a alcanzar nuestra aspiración de ser los mejores del mundo y los mejores para el mundo”, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico. “Las contribuciones políticas que realiza la compañía provienen del Comité de Acción Política (PAC) de empleados voluntarios de DTE o de sus accionistas, no de los ingresos de los clientes”.
