Esta nota ha sido traducido por Clay Oppenhuizen.
This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.
Una demanda federal contra más de la mitad de los condados de Michigan busca recuperar los fondos excedentes retenidos por los gobiernos locales después de las ejecuciones hipotecarias.
Después de que los tesoreros subastan una propiedad embargada, por lo general usan las ganancias de la venta para cubrir los impuestos no pagados más los intereses y cargos adeudados en esa tierra.
Pero a veces sobra dinero, que algunos gobiernos se embolsaron. Eso fue hasta que la Corte Suprema de Michigan dictaminó el 17 de julio de 2020 que mantener esos fondos era inconstitucional.
Donald Visser es un abogado que está demandando para que se devuelvan esos fondos adicionales a las personas cuyas propiedades se vendieron principalmente en agosto y septiembre de 2020.
Él dice que nunca tuvieron una oportunidad significativa de recuperar su dinero. Sus propiedades fueron subastadas después de la decisión de la Corte Suprema, pero antes de que venciera la fecha límite para presentar un aviso de su intención de reclamar sus fondos adicionales como se describe en una ley del Estado de Michigan, llamada ley Pública 256, que fue aprobada en diciembre de 2020.
“Simplemente no hay manera de cumplir”, dijo. “Así que es solo un requisito fantasma que se interpone en el camino de recuperar lo que pertenece a estos contribuyentes”.
Visser busca el estatus de demanda colectiva para la demanda. Él dice que potencialmente podría aplicarse a miles de personas a las que se les debe total de varios millones de dólares en tarifas excedentes de propiedades subastadas en todo Michigan en 2020.
La demanda también le pide a un juez que declare inconstitucional la Ley Pública 256, argumentando que otorga un trato desigual a las personas a las que se les embargaron sus propiedades en la segunda mitad de 2020 versus más adelante.
“Nada podría ser más inconstitucional en mi opinión, que algo que le quite su propiedad sin que le dé la oportunidad de recuperarla”, dijo Visser.
Ingham y Eaton se encuentran entre los 44 condados demandados.
El tesorero del condado de Eaton, Bob Robinson, quien también dirige la Michigan Association of County Treasurers, dice que los tesoreros hacen todo lo posible para evitar las ejecuciones hipotecarias.
Antes del fallo de la Corte Suprema, los condados de Michigan se les permitía usar el dinero sobrante después de las ejecuciones hipotecarias para ayudar a equilibrar sus presupuestos poniendo ese dinero en sus fondos generales.
Pero Robinson dijo que, antes del fallo, el condado de Eaton depositaría esas ganancias en un fondo dedicado que se usaría para cubrir los costos de rehabilitación de otras propiedades embargadas.
“Nunca nos hemos beneficiado de una ejecución hipotecaria de impuestos”, dijo Robinson, refiriéndose al condado de Eaton. “Si el tribunal dictamina, como en algunas de estas demandas que están en curso, que los fondos excedentes deben devolverse a sus dueños anteriores, entonces lo haríamos”.
La demanda presentada a fines del mes pasado solicita a los condados que reembolsen a las personas los costos, incluidos los honorarios de los abogados, y al menos tres veces el monto de los excedentes.
Visser dice que la mayoría de los afectados por las ejecuciones hipotecarias estaban en desventaja económica.
“Cuando se llevó a cabo este proceso, muchos de ellos estaban bastante enfermos o tenían, a menudo, otros problemas relacionados con (como) los divorcios”, dijo. “Cuando los condados o el estado les quitan lo poco que se apega a las garantías constitucionales, dicen que el gobierno no puede tomar tu propiedad sin una compensación justa”.